La medida fue ejecutada por el Municipio de Ezeiza tras una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria, que detectó graves irregularidades, vulneraciones de derechos y condiciones indignas de alojamiento. La Justicia ordenó el traslado urgente de las diez personas mayores que residían en el lugar.
El Municipio de Ezeiza, junto a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), clausuró el geriátrico “La Casita de Cloe”, ubicado en la calle Virgen de Itatí al 1350, en La Unión. El procedimiento se ejecutó tras las denuncias de familiares de una persona residente.
A raíz de una inspección realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en un lugar no habilitado que se ofrecía como geriátrico para personas mayores, se constató una serie de vulneraciones de derechos, graves deficiencias en las condiciones materiales y serias irregularidades en el régimen de vida de los residentes, situación que derivó en su clausura municipal.
En respuesta al habeas corpus colectivo presentado por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el Juzgado de Familia Nº 6 de Lomas de Zamora, a cargo de Omar Velázquez, ordenó el traslado urgente de los diez usuarios a distintos establecimientos, de acuerdo con la situación particular y las necesidades de asistencia de cada uno. Asimismo, el organismo reiteró el pedido de fortalecer los controles estatales sobre este tipo de dispositivos.
LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL POR
LA MEMORIA
La información sobre las graves condiciones de vida en el hogar geriátrico La Casita de Cloe, situado en Virgen de Itatí 1350, La Unión, llegó a la Comisión Provincial por la Memoria a partir de la comunicación realizada por familiares de una persona que denunciaban su ingreso irregular y un conjunto de vulneraciones de derechos sufridas por quienes se alojaban en el lugar. El 13 de mayo, el organismo, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, inspeccionó el establecimiento, mantuvo entrevistas con las personas alojadas y con la única encargada del lugar, la propietaria del inmueble. De lo relevado se destaca la ausencia de todo tipo de documentación vinculada con trámites habilitantes, historias clínicas o incluso un listado centralizado de las personas alojadas con sus datos filiatorios. De manera verbal, la encargada informó que al momento de la inspección había diez residentes.
Las vulneraciones de derechos y las graves irregularidades quedaron consignadas en el habeas corpus colectivo y correctivo presentado por la CPM ante el Juzgado de Familia Nº 6 de Lomas de Zamora el pasado 14 de mayo. De acuerdo con lo informado por la Agencia Andar, la mujer habría confesado que en dos oportunidades intentó obtener la habilitación municipal y del Ministerio de Salud bonaerense, pero que no pudo afrontar los costos de los análisis de agua y de las medidas de seguridad exigidas por los bomberos, por lo que abandonó las gestiones administrativas. También señaló que había adquirido un matafuego, aunque este no se encontraba en el lugar el día de la inspección. Por otra parte, manifestó que varias mujeres del barrio colaboraban con la limpieza, la higiene y la asistencia física de las personas alojadas, sin ningún tipo de formalización laboral.
La mujer realizaba la mayor parte de las tareas cotidianas: hacer las compras, cocinar, lavar la ropa, administrar medicación, cambiar pañales, realizar controles clínicos, mantener contacto con familiares o solicitar ambulancias del PAMI. Todo ello se desarrollaba sin registros documentales ni supervisión médica.
La CPM sistematizó las graves vulneraciones detectadas: falta de habilitación municipal y provincial; riesgo para la integridad de las personas debido a condiciones materiales indignas e inhumanas; alimentación deficiente y presencia de productos en mal estado de conservación; y conocimiento de estas situaciones por parte de organismos públicos, entre ellos el PAMI, que había concurrido en reiteradas ocasiones al hogar mediante ambulancias convocadas por emergencias.
DOCUMENTACIÓN
Y PRUEBAS
Toda la documentación y los registros aportados al habeas corpus fueron considerados por el Juzgado de Familia Nº 6 de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado suplente Omar Armando Velázquez, quien realizó una constatación directa en el lugar con participación del Municipio de Ezeiza. Según fuentes judiciales, se constataron situaciones de malos tratos y violencia verbal, falta de atención médica e inexistencia de actividades recreativas y ocupacionales.
Como resultado de esa diligencia, el juez recaratuló el expediente, que pasó de un habeas corpus a un control jurisdiccional de internación. En ese marco, ordenó el traslado urgente de todas las personas al Hospital Interzonal Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza, donde fueron evaluadas por profesionales de la salud para determinar el abordaje adecuado en cada caso. El Municipio de Ezeiza, a través de la Secretaría de Ingresos Públicos y Desarrollo Industrial, llevó adelante la clausura del establecimiento por carecer de habilitación en el registro comercial. Este caso visibiliza la necesidad de profundizar los controles estatales sobre los establecimientos que ofrecen alojamiento a personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas veces en condiciones precarias que forman parte del abandono que padecen numerosas personas mayores.
