Escribe: Dra. Claudia Graciela Muscio | Museo de Historia Regional Tristán Suárez del Distrito de Ezeiza
Quienes valoramos la importancia de los recursos y bienes naturales, su significatividad estética, económica y estratégica, y su dimensión social, lamentamos y padecemos los sucesos ocurridos en la Patagonia, que no son episodios sino verdaderos estragos, auténticas catástrofes.
Miles de hectáreas arrasadas por el fuego, con pérdida del patrimonio natural y cultural, con una derrota ambiental devastadora, nos presentan un escenario caótico que debería y podría evitarse. Hay especies que no se recuperan y el saldo es déficit ambiental, deterioro de las condiciones vitales de las especies subsistentes.
El fuego opera como la demolición: termina, destruye y arrasa.
El patrimonio cultural histórico requiere una mirada atenta y un estado de alerta permanente para no solo evitar, sino impedir demoliciones, destrucción y pésimas intervenciones.
Hay indicadores y señales de la actitud de custodia, cuidado y preservación del Estado y de los particulares. Las catástrofes naturales y culturales admiten culpas compartidas, del Estado y del ciudadano común.
Pero el Estado posee responsabilidad institucional establecida por la Constitución Nacional, artículo 41. Ello implica instituir, además, educación ambiental. Hay localidades que han permitido auténticas catástrofes culturales; por ejemplo, la cercana San Vicente (año 1784) impulsa la protección de las especies naturales, pero es tierra arrasada en materia de destrucción del patrimonio histórico.
A una cuadra de la plaza principal existía una antigua casona en esquina, con rejas de diseño único: el mismo motivo ornamental que las rejas del casco de la estancia de la familia Bombal, en San Rafael, Mendoza (año 1830). La singularidad consistía en pequeñas cabezas de conquistadores coronando la composición. Solo se perdonó un ínfimo panel; el resto lo adquirió alguna empresa que comercia restos de demoliciones, desconociendo e ignorando la importancia de esa reja. Es solo un ejemplo ínfimo, porque el escenario es devastador: a manera de topadora, destruyeron la típica arquitectura, de distintos estilos y orígenes, y han convertido a San Vicente en un pueblo con identidad desdibujada y diluida.
Lo mismo sucedió en el resto del conurbano, y Cañuelas ha perdido personalidad y carácter. Las casas señoriales, los molinos, los aljibes, los empedrados, los cercos vivos, todo ha desaparecido, y los brokers inmobiliarios los transformaron en edificios de propiedad horizontal o en countries, barrios privados y clubes de campo, que —corresponde decirlo— todos ellos nos están arrebatando el campo.
No podemos ocasionar más daños ambientales ni culturales: ya no queda resto. Está en peligro, además, la salud pública y la identidad de los pueblos. Los bosques, todos, deben custodiarse; los pastizales, humedales y las especies arbóreas en las ciudades deberían multiplicarse.
La identidad ezeicense se abre camino, está marcando una huella. Desea perpetuarse hacia el futuro y es un mojón luminoso en el desierto demoledor de la topadora y la maza.
Ezeiza adopta conductas acordes con lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, pues sabe que el comportamiento público educa e incentiva la iniciativa privada.
